La propuesta de la Comisión, enviada hoy a los Estados miembros, que votarán sobre ella en una reunión de comité, ofrece una primera respuesta concreta a las preocupaciones sobre la renta de los agricultores.

 

Para recibir la ayuda de la PAC a la que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima. Este principio de condicionalidad se aplica a casi el 90 % de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles. Este conjunto de normas básicas se denomina BCAM, es decir, «buenas condiciones agrarias y medioambientales».

La norma BCAM 8 exige, entre otras cosas, dedicar un porcentaje mínimo de tierras de cultivo a superficies o elementos no productivos. Esto último suele referirse a tierras en barbecho, pero también a elementos como setos o árboles. Las explotaciones con menos de diez hectáreas de tierra cultivable suelen estar exentas de esta obligación. La Comisión ofrece hoy la posibilidad de que todos los agricultores de la UE queden exentos de este requisito y sigan pudiendo optar, con todo, a sus pagos directos básicos de la PAC.

En lugar de mantener las tierras en barbecho o improductivas en el 4 % de sus tierras de cultivo, se considerará que cumplen el requisito los agricultores de la UE que cultiven plantas fijadoras de nitrógeno (por ejemplo, lentejas, guisantes o habas) o cultivos intermedios en el 7 % de sus tierras de cultivo. Los cultivos deben cultivarse sin productos fitosanitarios para mantener los objetivos de la PAC en materia de medio ambiente.

La propuesta de la Comisión se ha calibrado cuidadosamente para lograr un buen equilibrio entre proporcionar una ayuda adecuada a los agricultores, que se enfrentan a numerosas crisis, y proteger la biodiversidad y la calidad del suelo.

Los Estados miembros votarán sobre esta medida en los próximos días en una reunión de comité. A continuación, la Comisión procederá a su adopción oficial. El Reglamento se aplicará con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2024